CRUELDAD Y BENEVOLENCIA

Estudios sobre la represión llevada a cabo en la guerra civil española (1936-39), nos han puesto al día de castigos económicos que, apenas sin querer, suscitan sugerencias para los tiempos presentes. Así, de forma paralela a la sistemática eliminación física de todo aquél que se oponía a la ideología dominante, se le expropiaban sus bienes por medio de elevadas multas o de simple confiscación.

Para llevar a efecto esta labor, se constituyó el Tribunal Nacional de Represalias Políticas, que junto con otros 18 más de carácter regional, incoaron decenas de miles de expedientes, de los cuales llegaron a resolver casi cuarenta mil en el período de l939-1941. Un informe de entonces calculó que tan sólo con los expedientes que faltaban de llegar procedentes de otros tribunales (Militar y de Represión de la Masonería y el Comunismo) se hubieran alcanzado un total de 250.000. En 1945 se canceló la existencia de estos tribunales ante la imposibilidad de ejecutar plenamente sus objetivos.

Para estos tribunales la responsabilidad del encausado no se extinguía con su muerte y juzgaban a personas que ya habían sido ejecutadas, presas o desterradas. Según el catedrático de Historia Contemporánea de Almería, Fernando Martínez, el elemento fundamental de su actuación fue el botín de guerra, pero se vio frustrado al ser los afectados trabajadores o pequeños propietarios de renta baja. La rapiña y el encono con los que actuaron son reflejados por el catedrático de Córdoba Barragán, quien se encontró con causas en las que se confiscaron «la casa, la ropa, los aperos y hasta los utensilios de cocina».

Contrasta esta crueldad con la generosa benevolencia desplegada, hasta hora, por los poderes públicos de los países afectados por la actual crisis económica, cuyos causantes además de no ser sancionados por tribunal alguno, han seguido percibiendo elevadas retribuciones, aun cuando ya se estaba realizando el multimillonario rescate de los gobiernos, con dinero de los recursos procedente en buena parte de los contribuyentes.

Es verdad que algunos dirigentes mundiales han arremetido contra los desorbitados sueldos de los banqueros, pero no han pasado más allá de las palabras. Cierto, también, que entre estos mandatarios se han oído voces de advertencia en el sentido que de no tomarse decisiones explícitas en la reunión de principios de abril del G-20, en Londres, pueden esperarse serios estallidos sociales. Y es que la indignación va 'in crescendo' entre los ciudadanos que son presa de los efectos de la crisis, perdiendo empleos y viviendas, mientras se agrava la situación de los países subdesarrollados.

La riqueza y el bienestar de los pueblos están sedimentados sobre el esfuerzo de miles de honestos empresarios y millones de trabajadores, y nadie tiene derecho a apropiarse de los mismos ni a desbaratarlos.