DEL CAPITALISMO NEOLIBERAL AL NUEVO SOCIALISMO, PARTE VI

Socialización progresiva e integral de la economía.

Sin embargo, la desprivatización, la modificación de las relaciones de propiedad que estoy planteando, no equivale a la ya fracasada estatización, menos aun a la estatización generalizada que dio lugar al estatismo burocrático.

Los cambios en las relaciones de propiedad capitalista, la conversión de la gran propiedad privada en propiedad social, precisan de cierto rigor y gradualidad, lo que en el proceso de transición incluye su coexistencia con otras formas de propiedad privada, mixta e individual, siempre dentro de una concepción que procure su superación a favor de la propiedad social o colectiva.

Deben medirse bien la prioridad, pertinencia, modalidad y necesidad de cada paso y en cada caso de expropiación- confiscación- nacionalización, contemplar las reales posibilidades de realización exitosa, teniendo bien presente su carácter estratégico o no, su relación con la seguridad el país y con la soberanía, su tecnología y su armonía racional con la economía de escala.

Si progresiva debe ser la socialización en todos los órdenes, lo es también en el campo decisivo de la propiedad.

En el proceso de transición del capitalismo sustentado en la gran propiedad privada criolla y transnacional es necesario expropiar y socializar selectivamente, remontar primero la gran propiedad burguesa y sobretodo a la transnacional, darle un tratamiento especial a la mediana y pequeña propiedad así como a ciertas áreas productivas articulada al mercado interno, promover la asociación y cooperativización de la pequeña y mediana empresa y combinar diversas formas de propiedad en función de todos esos factores. Para evitar traumas sociales de envergadura y resistencias innecesarias, el proceso de socialización o colectivización de la pequeña economía debe ser voluntario y a través de formas asociativas respaldadas por el Estado.

Al latifundio hay que romperle el espinazo y erradicarlo, estableciendo topes en la tenencia de tierra según la categoría de los terrenos.

Esto es válido tanto en sus modalidades de explotación precapitalista como de capitalismo atrasado y explotación extensiva, porque es la única manera de solucionar el drama del minifundio improductivo y de los (as) campesinos sin tierra, privilegiando a la vez las formas de propiedad social y el trabajo colectivo (cooperativas, proyectos colectivos y otras modalidades asociativas de economía solidaria); estableciendo mecanismos de financiamiento y asistencia que privilegien las áreas articuladas a la reforma agraria.

Las inversiones extranjeras no son “persé” dañinas ni totalmente recusables, sino que algunas pueden ser reguladas o entrar en el área de la propiedad mixta o de los acuerdos de transferencias de tecnologías adecuadas, o a determinadas formas contractuales de mutuo beneficio. Igual a las concesiones de explotación, operación y/o comercialización que no afecten la soberanía sobre la propiedad, la sanidad del ambiente y el equilibrio ecológico..

En ese terreno no hay receta rígida, sino una orientación general hacia el predominio de lo social.

Esto también tiene una relación directa con el destino del excedente, con los impuestos sobre los beneficios y la relación entre la apropiación por minorías de las ganancias de las empresas privadas y el destino de una parte significativa de ellas para el bienestar colectivo, tanto de los (as) trabajadores (as) de las empresas como de la sociedad en general. Pero a la vez la concepción general desde una auténtica orientación socialista debe procurar la progresiva superación del trabajo asalariado y del mercado basado en el precio y no en el valor del producto de la fuerza de trabajo manual e intelectual de los seres humanos; debe tender a eliminar el capital como relación social, al Estado como empleador-explotador y a traspasar los medios de producción , distribución y servicios al pueblo trabajador.

La transición al socialismo debe poner en el centro de su mira el ser humano, su bienestar, su felicidad, a través de una combinación de medidas. Y esto requiere de un estado altamente distribuidor, en términos justos y equitativos, del ingreso nacional, por la vía de un sistema fiscal que penalice las grandes ganancias y riquezas privadas y mediante un presupuesto nacional que eleve constantemente en el gasto social.

Requiere también, junto a las empresas públicas de carácter estratégico socialmente controladas y co-gestionadas, de empresas de propiedad social, ya sea municipal, cooperativa, asociativa, mixtas, interestatales, regidas por sistemas de autogestión y cogestión.

El tipo de administración, las características de la gestión empresarial, las formas de escogencia de lo gerentes y ejecutivos técnicos, no están de ninguna manera desvinculadas de la socialización y de sus esencias democráticas. La participación de los colectivos laborales y de la sociedad en las decisiones y en la fiscalización de sus procesos es consustancial a la intención de socializar de verdad los medios de producción, distribución y servicios públicos.

Igual el diseño de presupuestos, el control sobre su ejecución y el acceso a los estados financieros de empresas, entidades autónomas del Estado y propiedades de conglomerados sociales. Los presupuestos participativos deben regir la vida económica.

El estatismo, la propiedad pública, sin autogestión de las comunidades laborales o sin cogestión entre administradores, gerentes y comunidades laborales, deviene en estatismo burocrático, donde excedentes y patrimonios están sujetos exclusivamente a la voluntad de la burocracia y la tecnocracia y, por tanto, a la dilapidación, a los privilegios y a la corrupción.

El mejor antídoto a esos males, lo que convierte definitivamente la propiedad estatal en propiedad social, es la participación de los (as) trabajadores (as) en la gestión, en el control de los colectivos laborales sobre las administraciones, su participación en la distribución del excedente, en el destino de la inversión empresarial y social, en la designación de los administradores y directivos por concurso, en el acceso a los estados financieros, en la elaboración de sus presupuestos con el más alto grado de participación de sus trabajadores/as intelectuales y manuales y de las comunidades vinculadas a través de los mecanismos de control moral creados a nivel institucional.

Otro capítulo trascendente es todo lo relativo a las regulaciones del mercado, al comercio exterior y a la progresiva transformación de la economía de mercado en economía de valor y equivalencias.

Mientras perdure el mercado la competencia no debe ser ilimitada, ni en las relaciones internas de mercado ni el vínculo con el mercado internacional.

Hay sectores que deben ser estimulados por la vía de la relación entre costos y precios, con el respaldo estatal-gubernamental.

Hay sectores productivos y/o consumidores que necesitan ser protegidos y asistidos para su adecuada rentabilidad en un caso y para elevar su capacidad de compra en el otro.

Lo sistemas de control de precios, de almacenamientos, de impuestos y aranceles, deben ser palancas de intervención y regulación en procura del desarrollo de las fuerzas productoras nacionales, del intercambio justo y la justicia social.

El impulso en grande para avanzar hacia una economía del valor y equivalencias, en la que las horas de trabajo invertida en la producción de bienes y servicios, sea el factor determinante en el intercambio, adquiere un valor estratégico en el proceso de socialización; muy superior a las necesarias regulaciones temporales del mercado. En ese orden existen valiosas investigaciones aplicables en este tipo de transiciones revolucionarias.