sábado, 20 de junio de 2009

EL MIEDO SOCIALISTA A LA REALIDAD

Lo esencial es una atrocidad que quieren esconder, y de la que, si pudieran, prohibirían hablar.

El Gobierno y sus amigos dirán lo que quieran sobre la declaración de la Conferencia Episcopal sobre el proyecto de nueva ley de aborto; se enfadarán porque les gustaría que el papel de la Iglesia fuese estar en las catacumbas metida; exhibirán su talante despótico predicando que el Parlamento es el que fija la única moral en el ámbito público; intentarán identificar a los obispos con el PP, acusándolos de no haber publicado documentos contrarios al aborto mientras gobernaba Aznar. Pero carecen de credibilidad mientras no agarren el toro por los cuernos, como suele decirse, y no critiquen lo que la declaración de los obispos dice, oponiendo sus propios argumentos.

Como no son creyentes, será justo no exigirles que entren en disquisiciones religiosas, porque son ajenos a eso. Sin embargo, la propia declaración advierte que se dirige no sólo a los fieles católicos, sino también a todos los que buscan la verdad de las cosas según la razón; y en este aspecto, destacamos algunos puntos del documento a los que los socialistas y sus amigos deberían ofrecer respuesta, pero callan y escurren el bulto como pueden: el aborto provocado consiste en dar muerte a un ser humano indefenso e inocente en el vientre de su madre. Declarar eso como un derecho es una perversión de la legitimidad del Estado, cuya obligación es velar por la vida. Carece de explicación racional el establecer tres períodos (hasta 14 semanas, hasta 22, o sin límite) para graduar el ejercicio de este supuesto derecho. Disponer de la vida de otro, inocente e indefenso, no es un asunto privado ni puede ser un derecho subjetivo de nadie, y menos de quienes tienen especiales obligaciones de velar por él, como su madre o el médico.

Todo esto son críticas directas, serias y graves al proyecto del Gobierno, y las puede hacer cualquiera, sea obispo o no, sea cristiano o no, sea creyente en otra vida o no. Para sostener que el proyecto del Gobierno es una locura homicida contraria a la razón y al bien común no hace falta ser obispo, pero los obispos tienen tanto derecho como cualquiera a decirlo. Y, además, tienen la obligación de advertir a los católicos de la responsabilidad en que incurren si aprueban esa iniciativa legislativa.

Este sería el debate al margen de consideraciones religiosas. Pero los socialistas y sus amigos huyen de él como de la peste, porque para defender la matanza de inocentes como si fuera un derecho es necesario mentir, disfrazar, disimular, tergiversar el uso y el significado de las palabras, ocultar la realidad.

Hacen falta eufemismos, embustes, engaños, mucha demagogia y muchas maniobras de distracción de lo esencial, pues lo verdaderamente esencial es una atrocidad que quieren esconder, y de la que, si pudieran, prohibirían hablar.

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